GOBIERNO DE FORMOSA Y COMUNIDADES WICHÍ

Les retienen el documento para votar en su nombre y en los noticieros aparecen como gente desorientada y pasiva. Pocos saben que el 20 de abril de este año, centenares de wichís se movilizaron para demandar a la autoridad acciones concretas para sus demandas de vivienda, salud y educación apropiada.

Durante más de 30 días cortaron la Ruta 81 pidiendo ser escuchados, dos compañeros murieron en esa lucha, pero no obtuvieron ninguna respuesta. En cambio, se hizo patente una aceitada estrategia de las autoridades para desacreditar y criminalizar su protesta, que continúa hasta hoy.

En esta nota les entregamos una síntesis de este conflicto y documentos que dan cuenta del inaceptable actuar de las autoridades.



“Somos parte de este país, ciudadanos, tenemos DNI… ¿de qué nos sirve?. ¿Cómo nos piden que votemos si no hay un Gobierno que se ocupe de nosotros?, ¿para qué?. No estamos enfrentados a nadie, sólo pedimos lo que es justo”. La voz de este hombre wichí, se sumaba al clamor de otros cientos de hombres mujeres, ancianos y niños de ese pueblo originario. Llegaron a ser más de ochocientas personas las que sostuvieron la movilización que se inició el 20 de abril y que se mantuvo por 33 días.

El frío pegó fuerte por las noches y les llevó dos vidas. Pero pegó aún más la indiferencia general y las opiniones discriminatorias de diversos funcionarios propaladas sin tapujos por diversos medios de comunicación provinciales. A pesar de todo no querían bajar los brazos. Están acostumbrados a luchar y esperar.

Lejos de procurar una respuesta a las demandas de los wichís, el Gobierno de Formosa centró su atención en una “caza de brujas” a quienes ellos consideran los instigadores del reclamo aborigen: las ONGs e instituciones de ayuda que trabajan en la zona e incluso la propia Iglesia. Por si fuera poco, existe una propuesta de proyecto de ley que busca dar atribuciones al ejecutivo para fiscalizar las actividades de las instituciones de la sociedad civil que trabajan con aborígenes.

Una denuncia de la Defensoría del Pueblo hoy busca individualizar a “los autores materiales, ideológicos, cómplices e instigadores” del corte de Ruta, para acusarlos entre otras cosas de asociación ilícita y homicidio culposo, por la muerte de dos personas durante la manifestación. Con la clara intención de criminalizar su protesta, se presume que los dirigentes de la Interwichí (organización zonal que encabezaba el reclamo) y representantes de ONGs serán citados en los próximos días para declarar en esta causa.

El Peregrinar de las Organizaciones

Durante los días del corte de ruta, y antes de la muerte de dos de sus compañeros los wichís habían manifestado en reiteradas oportunidades su voluntad de diálogo, incluso replegando parcialmente la medida de fuerza. Pero nada hacía ceder al Gobierno de Formosa.

El día 10 de mayo, delegados de la organización fueron hasta la localidad de Estanislao del Campo, intentando dialogar con el sub secretario de Gobierno provincial, Aldo Ingolotti. “Nos tuvieron esperando con falsos mensajes, ‘que ya viene el sub secretario’, ‘que salió por un ratito’, ‘que está por Ibarreta’, ‘que vayamos a Ibarreta’. Lo esperamos y nunca llegó. Ni siquiera nos dieron una silla para esperar, sólo nos sacaban fotos y la policía no nos dejaba entrar a la sala de reuniones”, comentó un dirigente.

Más tarde la versión oficial daba cuenta que “estaba todo listo para que comenzara el diálogo con el Gobierno, para dejar sin efecto la protesta, pero la intromisión de ‘elementos extraños’ echa por tierra todo lo consensuado”. Esos “elementos extraños” a los que hacía referencia el comunicado, eran Leonardo Dell’ Unti, miembro de la ONG Asociación para la Promoción De la Cultura y el Desarrollo (APCD) y el abogado Daniel Cabrera del Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas.

Tampoco se pudo concretar una reunión entre la intendencia y el gobierno provincial, solicitada por la Interwichí en un encuentro previo con las autoridades municipales.

Recién a fines de mayo, el Ministro Secretario General del Poder Ejecutivo formoseño , Antonio Ferreira, recibió a los delegados de las ocho comunidades que integran la Interwichí. Pero salieron con las manos vacías. El funcionario culpó al Gobierno Nacional de la demora en la entrega de viviendas y asumió que no existen avances para las mejoras en salud y educación expresadas en el petitorio de las organizaciones.

Paranoia y Discriminación

Lejos de cuestionarse su incapacidad para dar respuestas a las evidentes necesidades de las familias wichís, el Gobierno de Formosa ha centrado sus estrategias en desacreditar a las instituciones de desarrollo que trabajan en la zona e incluso a los propios dirigentes originarios. Sin tapujos acusan a organizaciones de la sociedad civil, de manipular a los aborígenes y de ser los responsables de sus movilizaciones. Ni la Iglesia escapó a estas acusaciones. A través de medios provinciales, el padre Francisco Nazar, párroco de Las Lomitas, fue señalado como ”instigador” del reclamo aborigen.

“Decir que los reclamos y protestas son ‘promovidas’ por el padre Francisco Nazar es un acto de total discriminación y menosprecio hacia las capacidades intelectuales y reivindicativas de los indígenas que llevan adelante la lucha. Injuriar al padre Francisco con su larga trayectoria de entrega desinteresada a los pueblos aborígenes de nuestra provincia, nos parece un acto deplorable”, señaló en un comunicado el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA).

Pero la paranoia oficial va aún más lejos: a principios de mayo la diputada Carmen Román, de la misma coalición del gobernador Gildo Insfrán, presentó un proyecto de Ley que busca crear un Registro Nacional de ONGs que trabajan con pueblos originarios. Este proyecto de ley busca dar facultades al Ejecutivo para fiscalizar “los objetivos y el destino de los fondos” de estas organizaciones de la sociedad civil, como si estas instituciones no cumplieran ya con todas las normas pertinentes.

El descrédito a la movilización aborigen y la negación de su situación de extrema pobreza parece cruzar todos los estamentos oficiales de la provincia. Un comunicado de la delegación zonal Las Lomitas del Ministerio de Cultura y Educación Provincial señaló sin tapujos: “¿Los aborígenes tienen sólo derechos y reclamos?, ¿no tienen ninguna obligación con la sociedad?, ¿todo para ellos es gratis?, ¿hasta cuando serán usados por gente inescrupulosa que desde las sombras empañan la paz social?”. Sin una referencia explícita a las ONGs aseguraron que instituciones locales “los adoctrinan y manipulan políticamente para desestabilizar y menospreciar a quienes realmente se preocupan y ocupan de sus vidas”.

“Viven reclamando, cuestionando y violentando el normal desarrollo de las actividades institucionales (…) No envían a sus hijos a la escuela, no les importan los horarios, no dejan que se les inculquen hábitos y valores que son indispensables para vivir en sociedad”, remataba la nota publicada en el diario La Mañana, del domingo 26 de abril.

Discriminación con todas sus letras, de parte de los encargados de aplicar las políticas públicas y de asistencia a los pueblos originarios en la provincia de Formosa.

Y de qué se quejan tanto…

“Aquí, en esta Formosa de hombres y mujeres que trabajan vamos a comprometernos aún más de lo que hizo el anterior Presidente, aún más por todos ustedes, porque no están pidiendo privilegios, sino igualdad de oportunidades”, decía la presidenta Cristina Kirchner en una visita a la provincia a fines del año pasado. A principios del 2009, firmó un acuerdo con el Gobierno formoseño para la construcción de 4 mil viviendas sociales. La autoridad provincial decidió que ninguna de ellas fuera para familias originarias, pese a que existía una petición formal de la asociación Interwichí para que miembros de sus comunidades accedieran a este derecho.

Esta es una de las demandas centrales de los petitorios difundidos por la Interwichí. Junto con denunciar su exclusión de los planes habitacionales de la provincia, denuncian que la precariedad de sus viviendas los deja altamente expuestos a enfermedades como el Mal de Chagas y dengue.

A las enfermedades mencionadas se suma el asilamiento de muchas comunidades, lo que les impide acudir oportunamente a los centros de salud, y altas tasas de desnutrición que afectan sobre todo a los niños. Por eso, como segundo punto de su petitorio, las organizaciones aborígenes reclaman la designación de agentes sanitarios y la construcción de salas de primeros auxilios para las comunidades.

En una denuncia ante el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), realizada a principios del mes de mayo, las comunidades expresaron sufrir maltrato en los hospitales. “en ciertas ocasiones se les han dado medicamentos vencidos o los médicos los han atendido como últimos pacientes aunque hayan llegado primero a los centros de salud”, señala el documento.

En el acta de denuncia también expresaron sus reparos respecto al sistema educativo formoseño. A los problemas de infraestructura, que no son ajenos a otras zonas del país, se suman actos discriminatorios de parte de los docentes hacia los chicos originarios. “Reciben insultos y no se enseña sobre cultura aborigen”, señalan reforzando su demanda de una educación bilingüe e intercultural en la provincia, medida que está contenida dentro de las responsabilidades del ICA, pero que en la realidad no se implementa.

En esta denuncia ante el INADI, ya se dejaba constancia de la manipulación que sufren en épocas electorales, bajo amenaza de ser excluidos de los planes sociales y problemas para el acceso a la justicia por falta de recursos y discriminación de los funcionarios.

En abierta violación a tratados internacionales suscritos por nuestro país – como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre DDHH de los Pueblos Indígenas -, o la propia Constitución Nacional, el pueblo wichí sufre a diario la exclusión. Tal como decían mientras permanecían en la ruta: tienen DNI, pero de muy poco les sirve.


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